La violencia contra las mujeres en política es una de las principales barreras que impiden la participación equitativa e incluyente de los liderazgos femeninos en este escenario. Por esta razón, la Resolución No. 8947 de 2021, emitida por el Consejo Nacional Electoral, supone un desarrollo integral en la designación de responsabilidades concretas que deben asumir las entidades garantes de la participación política de las mujeres, para prevenir, mitigar y sancionar este fenómeno que socava la democracia colombiana.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política – OVCMP reconoce la importancia del avance del Consejo Nacional Electoral, miembro de la mesa técnica de este espacio, en la definición de estrategias para la protección de las mujeres lideresas y para la garantía de sus derechos políticos-electorales.
En ese sentido, el protocolo propuesto por el CNE señala múltiples acciones que deberán ser consideradas por distintos organismos, para velar por los derechos de las mujeres. A continuación, destacamos algunos:
Consejo Nacional Electoral
Deberá adoptar medidas en las diferentes etapas del proceso electoral para rechazar públicamente, prevenir y sancionar las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política. Así como cualquier discurso de odio, en el contexto electoral, que afecte la igualdad y transparencia del proceso.
Registraduría Nacional
Tiene la responsabilidad de capacitar a las y los Registradores Delegados y Distritales frente a las rutas de denuncia, como la Unidad de Reacción Inmediata Electoral URIEL y/o al Consejo Nacional Electoral. Con el objetivo de exponer casos de violencia contra mujeres que participan en las diferentes etapas del proceso electoral.
Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral
Se instan a hacer seguimiento a las campañas políticas, para evitar conductas que inciten a la violencia de género, la discriminación o los discursos de odio. Además, deberán informar a las autoridades competentes sobre hechos de acoso, amenazas, afectación al buen nombre y dignidad, violación, abuso, acoso sexual, lesiones, destrucción de bienes, homicidio etc., que afectan el derecho a la participación electoral de las mujeres.
A lo anterior, se suma la necesidad de dar aviso al Consejo Nacional Electoral sobre la existencia de propaganda electoral y publicidad política discriminatoria contra mujeres y candidatas, y su vez, sobre casos de violencia contra mujeres en política que se den en el contexto electoral.
Partidos, movimientos y agrupaciones políticas
Tendrá que dar apertura de un canal directo para la recepción de denuncias y adoptar un protocolo para la prevención y atención sobre casos de violencia contra las mujeres en política. Algunos partidos ya han avanzado en este camino, pero aún falta mucho por hacer.
Congreso de la República – Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
Deberá adoptar normativas para ajustar las competencias y funciones institucionales que responden a los actuales desafíos para prevenir, atender, rechazar, sancionar y reparar a las víctimas de la violencia contra mujeres en la política.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – Observatorio Colombiano de las Mujeres
Tiene la responsabilidad de participar en la recopilación, sistematización y seguimiento de los casos de violencia contra mujeres en política que se presenten en cualquiera de las etapas del proceso electoral, especialmente con información que ayude a dilucidar: a) Cómo ocurren los casos de violencia, b) dónde ocurren y las particularidades culturales o de contexto de los actos violentos en dichos territorios y c) las situaciones en que podría intervenirse para que se prevenga este tipo de ocurrencias de actos violentos.
En ese marco, el OVCMP al ser parte del Observatorio Colombiano de las Mujeres, ha avanzado favorablemente en el objetivo de analizar la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres en política, en el último año, la Mesa Técnica del Observatorio ha trabajado en la construcción de un instrumento de medición con el fin de que el Estado cuente con datos certeros para análisis sobre la prevalencia de este fenómeno, como parte fundamental para crear políticas públicas capaces de atender las necesidades de las mujeres involucradas en el escenario político.
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